Bou & Associats | ¿Una sociedad inactiva sin ningún movimiento durante el año debe presentar cuentas anuales?
¿Una sociedad inactiva sin ningún movimiento durante el año debe presentar cuentas anuales?

¿Una sociedad inactiva sin ningún movimiento durante el año debe presentar cuentas anuales?

Todas las sociedades, incluidas las inactivas, están obligadas a presentar cuentas anuales, independientemente de su estado. Por tanto, aun en el caso de que no haya habido operaciones durante el ejercicio, habrá que presentar en el Registro Mercantil toda la documentación relacionada con las cuentas.

Conforme con lo establecido en el Código de Comercio en su Título III sobre la contabilidad de los empresarios, todas las sociedades mercantiles deben llevar una contabilidad ordenada, de acuerdo a la actividad desarrollada y sin distinguir si esta sigue en funcionamiento o no. Concretamente, se refiere al libro de Inventarios y Cuentas Anuales y al Diario, además del libro de Actas.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las sociedades inactivas, aunque no desarrollen actividad económica tienen que seguir haciendo frente a sus obligaciones, a saber: préstamos pendientes, suministros, alquileres, comisiones para cuentas bancarias, amortitzación en caso de mantener inmovilizado, gasto del Registrador mercantil por presentación de cuentas anuales… situaciones que, por insignificantes que sean, generarán los movimientos contables correspondientes, que afectarán al balance.

Sin embargo, muchas son las empresas que al declararse inactivas dejan de realizar estas obligaciones, con las consecuencias de su incumplimiento. En este sentido, el cierre de la hoja registral de la sociedad supondrá un quebradero para los administradores tanto si deciden disolver y liquidar la sociedad inactiva como reactivarla. Aquí encontrará como solucionar esta situación.

No se debe olvidar que el transcurso de un año sin actividad es una causa legal de disolución de la sociedad conforme el artículo 363 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, con los problemas que esto puede suponer para el administrador.