El inicio de 2026 llega sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero eso no implica un ejercicio continuista en materia fiscal. El nuevo año consolida una serie de reformas ya anunciadas que avanzan en dos grandes direcciones: aliviar la carga fiscal de determinados colectivos y pequeñas empresas y reforzar el control y la transparencia en la actividad económica.
Aunque no se trata de una reforma estructural del sistema tributario, los cambios introducidos tienen un impacto práctico relevante tanto para particulares como para empresas y autónomos.
IRPF: menos cargas administrativas y enfoque social
Una de las medidas con mayor alcance social es la supresión de la obligación de presentar la declaración del IRPF para los perceptores de prestaciones por desempleo, introducida por el Real Decreto-ley 16/2025. A partir de ahora, estas personas solo deberán declarar si superan los umbrales generales del impuesto.
Este cambio elimina una carga administrativa que afectaba a cerca de 2,5 millones de contribuyentes y corrige efectos no deseados que perjudicaban a rentas bajas, como la pérdida de deducciones o la alteración de los mínimos personales y familiares. Se trata de una medida técnica con una clara vocación de protección social.
Además, en 2026 se mantienen las deducciones vinculadas a la movilidad sostenible y la eficiencia energética, como la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, reforzando una fiscalidad alineada con los objetivos medioambientales.
Impuesto sobre Sociedades: apoyo a pymes y reinversión
En el ámbito empresarial, el ejercicio 2026 consolida un marco favorable para micropymes y pymes, que siguen siendo el eje de las políticas fiscales de estímulo. Se mantienen los tipos reducidos en el Impuesto sobre Sociedades, ajustando la tributación a la capacidad económica real de las empresas.
Destaca especialmente el refuerzo de la reserva de capitalización, un incentivo clave para fomentar la reinversión de beneficios. El aumento del porcentaje de reducción de la base imponible —que puede alcanzar el 30 % cuando existe creación de empleo— convierte este instrumento en una palanca estratégica para mejorar la solvencia y favorecer un crecimiento empresarial sostenible.
El mensaje del legislador es claro: se premia a las empresas que invierten, se capitalizan y generan empleo.
Mayor control: facturación y pagos digitales
El segundo gran eje de 2026 es el refuerzo del control tributario. Aunque la implantación obligatoria del sistema Verifactu se retrasa finalmente a 2027, este año será clave para que empresas y autónomos revisen y adapten sus sistemas de facturación a los nuevos requisitos de trazabilidad e integridad.
A ello se suma una novedad relevante en materia de pagos digitales: desde febrero de 2026, las entidades financieras deberán informar mensualmente a la Agencia Tributaria de los cobros realizados mediante Bizum en actividades económicas, incrementando la transparencia de un medio de pago cada vez más habitual.
